Llamamos a las organizaciones a luchar y defender a los compañeros presos, ENFRENTAR LA REPRESION JUDICIAL CONTRA LOS COMPAÑEROS DE LAS HERAS, LA COMISION DIRECTIVA DEL GARRAGHAN, LOS YA MENCIONADOS PRESOS DE BARILOCHE, POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE CORRAL DE BUSTOS Y TAMBIEN CONTRA LA CRIMINALIZACION DE GENERO QUE REPRESENTA EL CASO DE LAS HERMANAS JARA Y LAS CAUSAS ARMADAS COMO LAS DE LUZ Y DIEGO! contra todo ataque a los compañeros de nuestra clase, esten organizados o no, porque todos son presos de esta politica gubernamental que para reasegurar las ganancias patronales esta dispuesta a reprimir, encarcelar y masacrar compañeros (a un año de la tragedia de once), disciplinando a todas las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos politicos
de todo color y propaganda politica, adaptandolos al regimen para evitar que las rebeliones y puebladas expontaneas se organicen en una lucha a muerte contra la clase dominante y sus privilegios.
video 22 de Feb Casa de Cordoba - http://www.youtube.com/watch?v=PvEP9qCvh4U&feature=share&list=UUD29sg01bX0AhGwDacHejuQ
¡¡¡LIBERTAD YA A LOS PRESOS POLÍTICOS DE CORRAL DE BUSTOS!!!
El 4 de diciembre del 2006 en la localidad de Corral de Bustos (Córdoba), se produjo una pueblada en contra de la Justicia Provincial de la localidad. Corral de Bustos es una pequeña ciudad de 12 mil habitantes en la Provincia de Córdoba, muy cerca del límite con Santa Fé. Ubicada sobre una de las rutas de entrada a la provincia, es uno de los tantos lugares donde la mafia del narcotráfico, la trata de personas y otras están enquistadas en el poder político y judicial. El hartazgo ante el encubrimiento y la impunidad de varios crímenes y asesinatos (18) cometidos en la zona - que en función del encubrimiento a las mafias la justicia nunca resolvió - estallaron en bronca popular cuando la pequeña Ariana Sabache, de 3 años de edad, fue violada y asesinada.
Unos 2000 vecinos del pueblo se concentraron ante el Juzgado para expresar su repudio, ante la negativa del Fiscal de salir a dialogar con los manifestantes se rompieron los vidrios del Juzgado. Pero la Pueblada estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a los manifestantes. Si bien la pueblada podía haber sido leída por el poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel, la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión y la judicialización de la protesta. En pocos días comenzó en el pequeño pueblo una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado más de 40 detenidos, que fueron encarcelados en el Complejo Penitenciario de Villa María (ciudad ubicada a unos 180 km de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una sensación de temor permanente hacia los manifestantes que el día de la pueblada estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría nuevas órdenes de captura. Luego de un intrincado recorrido judicial de la causa, viciada por innumerables irregularidades el caso se llevó a juicio en septiembre del 2011.
El resultado del mismo tiene para la justicia del Gobernador De la Sota, juez y parte en este caso, un claro sentido "ejemplificador".
Los compañeros fueron condenados a diversas penas. Ellos son:
Víctor Barbero (abogado) y Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006.
Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de los daño calificado e incendio".
Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva. Estos compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba.
Ademas, seis de ellos fueron condenados a penas de cumplimiento condicional:
Karina Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio Cesár Suárez (empleado de comercio), fueron encontrados coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Mientras, Hugo Daniel Dobba (jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de
ejecución condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces.
Llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, colectivos,
agrupaciones, personalidades, etc, a ser parte de la campaña de solidaridad y por la libertad
inmediata de los presos políticos de Corral de Bustos.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE CORRAL DE BUSTOS!!
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
